Existen numerosos relatos sobre la masacre ocurrida hace 115 años en el norte de Chile, cuando el Estado, a través del Ejército, decidió actuar con violencia contra cientos de trabajadores salitreros y sus familias, que se atrevieron a exigir mejores condiciones de vida.
Antecedentes
En aquel entonces, los dueños de las salitreras ejercían duramente el control sobre la vida de los mineros: eran dueños de las viviendas obreras, de las pulperías e incluso de un sistema policial propio.
Los salarios de los trabajadores se pagaban a través de fichas. Este método particular de pago obligaba a las familias a comprar exclusivamente en las pulperías de sus patrones.
Huelga
Pronto, el malestar general se volvió evidente. Fueron trabajadores salitreros de distintas nacionalidades quienes, el 10 de diciembre de 1907, iniciaron la llamada Huelga de los 18 peniques, ya que su principal demanda consistía en eliminar el pago de los salarios a través de fichas y emitirlos en efectivo. Los obreros formularon su petición de la siguiente manera:
- Aceptar que mientras se supriman las fichas y se emita dinero sencillo cada Oficina representada y suscrita por su Gerente respectivo reciba las de otra Oficina y de ella misma a la par, pagando una multa de $ 50.000, siempre que se niegue a recibir las fichas a la par.
- Pago de los jornales a razón de un cambio fijo de 18 peniques. Libertad de comercio en la Oficina en forma amplia y absoluta.
- Cierre general con reja de fierro de todos los cachuchos y chulladores de las Oficinas Salitreras, so pena de pagar de 5 a 10.000 pesos de indemnización a cada obrero que se malogre a consecuencia de no haberse cumplido esta obligación.
- En cada oficina habrá una balanza y una vara al lado afuera de la pulpería y tienda para confrontar pesos y medidas.
- Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros, siempre que algunos de ellos lo pida con tal objeto.
- Que el Administrador no pueda hacer arrojar a la rampa el caliche decomisado y aprovecharlo después en los cachuchos.
- Que el Administrador ni ningún empleado de la Oficina pueda despedir a los obreros que han tomado parte en el presente movimiento, ni a los jefes, sin un desahucio de 2 a 3 meses, o una indemnización en cambio de 300 a 500 pesos.
- Que en el futuro sea obligatorio para obreros y patrones un desahucio de 15 días cuando se ponga término al contrato.
Ya al 16 de diciembre la huelga recibía un apoyo masivo por parte de distintos sectores del pueblo trabajador, que respaldaban el petitorio y reclamaron al gobierno el rol de mediar las negociaciones con la patronal, quienes se negaban a cualquier discusión mientras los pampinos no volvieran a las faenas. Se estima que en aquel momento habían entre 10.000 y 12.000 obreros junto a sus familias reunidos en la plaza Manuel Montt y en la Escuela Domingo Santa María.
Ante la negativa de reanudar la actividad laboral mientras no se llegara a un acuerdo, las autoridades gubernamentales ordenan que los huelguistas retomen el camino de vuelta a las salitreras. También llegaron a Iquique tres regimientos para reforzar las fuerzas militares que ya hacían presencia en la zona.
Matanza
El 19 de diciembre se apersonan el Intendente Provincial Carlos Eastman y el general Roberto Silva Renard. Llevan consigo la misión de disolver las manifestaciones. Es tristemente célebre una editorial del periódico El Mercurio, que desestima el petitorio obrero y llama a la supresión del movimiento. Este mismo medio posteriormente justificaría el derramamiento de sangre, en virtud de resguardar el orden público.
La tensión sigue en aumento, hasta que el 20 de diciembre los dirigentes sindicales se reunieron con el Intendente Provincial para expresar sus demandas. En ese mismo momento, a través de un decreto publicado por la prensa, se declaró estado de sitio, que implicó la suspensión de las libertades constitucionales. Un grupo de obreros, junto a sus familias, intentaron abandonar el lugar donde se hallan concentrados los huelguistas, intento que en respuesta recibe el ataque de las Fuerzas Armadas, dejando un saldo de 6 obreros asesinados.
El día 21 de diciembre se realizan los funerales de los trabajadores, que finalizan con la orden de abandonar la ocupación y se trasladen al Club Hípico de la ciudad. Los pampinos temen ser cañoneados durante el trayecto, por lo que eligen permanecer.
El general Silva Renard ordena el desalojo inmediato, bajo amenaza de abrir fuego. Solo un pequeño grupo de obreros decide abandonar la plaza.
Ante la insistencia de los obreros, Silva Renard ordena a los soldados disparar contra los miembros del comité sindical, quienes caen muertos inmediatamente. La multitud, desesperada, intenta escapar. En respuesta, las tropas abren fuego nuevamente y hacen ingreso a la Escuela, donde acribillan sin discriminar, tanto a trabajadores, como mujeres y niños. La cifra más aceptada estima que las víctimas bordearon las 2.200 personas. Los sobrevivientes fueron escoltados a punta de sable al Club Hípico y luego a la pampa.
El gobierno ordena no expedir certificados de defunción, y opta por enterrar los cadáveres en una fosa común. Los cuerpos no fueron exhumados hasta 1940.
Sucesos posteriores
El general Silva Renard informa a sus superiores lo acontecido, en un tono ligero, que responsabiliza a los propios huelguistas de su trágico destino. El Congreso Nacional reacciona creando una comisión investigadora, a la cual no se designó a nadie y tampoco realizó función alguna. Los primeros cuestionamientos oficiales a la matanza datan de 1913, seis años después, a partir de un informe entregado a la Cámara de Diputados.
A pesar de todo, un atisbo de justicia aparece en 1914, cuando en Santiago el general Silva Renard sufre un ataque a puñal del anarquista español Antonio Ramón Ramón, hermano de Manuel Vaca, uno de los tantos obreros asesinados en Iquique. Silva Renard finalmente muere en 1920 producto de las heridas.
Paradójicamente, ese mismo año se comienzan a dictar leyes sociales mínimas que favorezcan la vida del pampino trabajador.
Reflexiones
Sin duda, la Matanza de la Escuela Santa María fue un hito en la historia nacional, que da cuenta de cómo el Estado responde ante las justas demandas del pueblo obrero. La articulación de las Fuerzas Armadas como defensa de los intereses capitalistas no fue por aquel entonces algo nuevo, ni tampoco es algo que no suceda ahora en nuestra historia reciente. Vale recordar las innumerables violaciones a los DDHH que acontecieron a partir de la revuelta de aquel octubre del 2019. De igual manera la prensa tuvo un rol de suscitar la represión e instalar en la opinión pública un discurso que desestima las demandas populares y acusa a los manifestantes de ser meros agitadores que buscan desestabilizar el país.
En razón de ello, es que tenemos el deber de revisitar cada tanto los tristes sucesos que enlutan este territorio. El análisis crítico de la historia permite entender que la lucha de clases sigue vigente, que la memoria es lo que nos conecta con las luchas del pasado, y que el mejor homenaje será nunca olvidar.
